Las aproximaciones de Marshall para la definición de una ciudadanía en general cuentan con elementos que pueden resultar extraños para un país como Colombia. Para una comprensión de la ciudadanía en Colombia se tendrían por sentado las manifestaciones que el autor expone pero, como siempre ocurre con las teorizaciones para América Latina, con el necesario empaque contextuado de las realidades propias. Si se tratara de establecer el quiebre postmodernista en una sociedad como la colombiana, habría que examinar inicialmente qué tipo de elementos de una modernidad se han presentado y de allí, constituir las formas en las que tal postmodernidad puede darse vida.
El horror social del que los filósofos postmodernos hablan , se puede traducir ya no desde una pérdida de los parámetros de la vida occidental explícita y homogenizante presente desde el siglo XVI y de las manifestaciones y discursos deicidas posteriores, sino desde la reflexión acerca de la ciudadanía como ejercicio Marshalliano, en un espacio geográfico que ha heredado todas las posibilidades de acción occidental, todas sus estructuras de pensamiento y todas las alienaciones propias del Cristianismo Occidental. Colombia ha estado vinculada a estas estructuras mentales por tener la herencia de pensamiento occidental proveniente de España en el periodo Colonial durante los siglos XVI, XVII y XVIII y en su consolidación republicana durante los siglos XIX y XX con la influencia del pensamiento inglés y norteamericano respectivamente.
Entonces, la Ciudadanía como elemento de acción de la sociedad contemporánea es definida como la posibilidad que tienen los individuos de tener garantizado aquellos derechos que se han construido históricamente y por los grupos de presión, para así finalmente ejercer el derecho ciudadano del control social, del reconocimiento de sus ámbitos humanos y de la cultura política como tal. Es necesaria la garantía de los derechos socioeconómicos básicos para poder ejercer aquellos derechos ciudadanos de control social y político posteriores.
Kymlicka, Will y Norman, Wayne Págs. 6 y 7.
Blanco, Carlos Javier Revista de Filosofía. No. 36. 17 páginas
Uniandes, 2006. 248 p.
Manuales de Historia de Colombia, editados por la Academia Colombiana de Historia y en los Anuarios de Historia Social y de la Cultura.
humanos y de la cultura política como tal. Es necesaria la garantía de los derechos socioeconómicos básicos para poder ejercer aquellos derechos ciudadanos de control social y político posteriores.
Allí se enfrenta el latinoamericano en general y el colombiano en particular a su primer problema de acción: ¿Cómo pensar un mundo ciudadano latinoamericano postmoderno, que le genera profundas desconexiones sociales y políticas, que le muestra nuevos cánones de pensamiento tecnológico, que le obliga a entender la matización del pensamiento religioso con la explosión de formas mutuamente excluyentes de ver a Dios, que lo pone frente a una realidad sociopolítica que no le genera posibilidades de disfrute y calidad de vida y que lo obliga al ejercicio de su ciudadanía y de construcción de sociedad civil cuando las condiciones básicas de bienestar no están garantizadas?
La sociedad política latinoamericana en sus bases, en sus ciudadanos pobres, es una sociedad profundamente cristiana católica que está lejos de pensar la ciudadanía postmoderna desde las perspectivas que autores como Marshall propone. Es allí donde se presenta el horror de la realidad política que la sociedad mundial del siglo XXI exige a los ciudadanos latinoamericanos, la necesidad de enfrentar las dinámicas sociopolíticas que los aquejan.
Los últimos dos siglos en América Latina han sido los de una estructuración del mundo desde una visión maniquea ofrecida por el Cristianismo y las posibilidades europeas. La formación del pensamiento político en Colombia, por ejemplo, ha estado expuesta a las formas relacionales que el Catolicismo ha ofrecido. Tanto Liberalismo como Conservatismo se han apoyado en la labor de la Iglesia Católica en Colombia como una de las bases de su posición política.
“El contexto actual de la cultura política colombiana se enmarca en la tradición del bipartidismo que surge posterior a la Independencia en el siglo XIX: 1848 es el año de la creación del Partido Liberal Colombiano que tiene como punta de lanza el contrarrestar la política tácita del conservatismo; la posición política, de administración de justicia, de administración crediticia de la Iglesia Católica, genera una profunda conexión entre la sociedad colombiana y el pueblo se siente cohesionado por la religión. Más allá de cualquier intento de construcción de nación desde elementos étnicos, socioculturales o políticos, es la religión la que impone el elemento cohesivo. La cultura del pueblo colombiano empezaba a tomar sus características y los imaginarios culturales operativos de la posteridad toman sus dispositivos esenciales en este primer siglo de vida como república.
Diamond, Larry . Pág. 5,6 y 7
Disponible en: http://www.latinobarometro.org/ Actualizado: 20/07/09. 01:56
Toda la fuerte presencia política de la Iglesia a través de mecanismos tales como la administración crediticia y de la condición civil (registros de bautismo, nacimientos, partidas de matrimonios, de defunción), ponen al pueblo colombiano frente a deudas de orden moral y político con la misma. Es el Partido Liberal Colombiano, quien intenta introducir reformas de corte liberal en la sociedad, en instancias que van desde la educación como mecanismo social fundamental, hasta en la administración con la desamortización de bienes de manos muertas. Hasta allí, el panorama empezaba a politizarse y la sociedad política tomaba sus dimensiones participativas reales. Gracias a esto surge el Partido Conservador Colombiano en 1849, como una necesidad de contrarrestar todas estas reformas de corte liberal, que tenían como base una nueva cosmovisión basada en autores como Bentham para las relaciones jurídicas y Comte en la sociedad en su conjunto. El siglo XIX se desgasta entre guerras civiles, constituciones partidistas, y una politización cada vez más contundente y real del bipartidismo”.
El siglo XX es la herencia entonces de todas estas contradicciones políticas. El Conservatismo y el Liberalismo, después de arduas guerras civiles y con la necesidad de la inserción de Colombia en el mercado internacional, divide la sociedad entre el campo y la ciudad. El campo se cierra a las posibilidades de crecimiento y la fuerte explosión migratoria interna y de desplazamiento empieza a tomar sus frutos. Con el Frente Nacional para la mitad del siglo, se pone de manifiesto una realidad política maniquea: se es liberal o se es conservador. No hay más posibilidades. Este experimento político, por el cual se dice que Colombia es ejemplo democracia real por la fortaleza de sus instituciones, desconoció las opciones que surgían desde los obreros, el campesinado, de los movimientos estudiantiles y ofreció un panorama de dos opciones. La participación política en Colombia se vio necesariamente vinculada a los partidos que para entonces invadían todas las esferas de la sociedad, generó violencia en los campos (ejemplo clásico y muy estudiado, la Vereda Chulavita en Boyacá), y en la ciudad llegó a su clímax con el asesinato de Jorge E. Gaitán.
Bushnell, David 744 p.
El país político sufre una castración y no se trata exclusivamente de la existencia de unos partidos; es la negación de la diferencia, de las opciones de izquierda, de las posibilidades de acción desde otras perspectivas. La participación política a pesar de estar garantizada entonces con la Constitución de 1991, responde a una serie de mecanismos para los cuales el pueblo llano no está preparado porque no encuentran las herramientas económicas, políticas y culturales necesarias para llevarlas a feliz término. Entonces el problema del ejercicio de la ciudadanía adquiere un sinfín de matices porque, de acuerdo con lo expuesto por Marshall, las condiciones fundamentales para dicho ejercicio no han adquirido la madurez política necesaria y por la tanto esa condición de esencia no se presenta.
Con estas aproximaciones a la herencia política en Colombia, se puede deducir entonces el interés poco manifiesto de una verdadera participación ciudadana en las acciones políticas de los colombianos. Ese horror de lo público por parte de los ciudadanos y del ejercicio pleno de los derechos participativos, puede deducirse igualmente de la experiencia que en términos de participación política los colombianos han sufrido. No se trata de entender las ‘garantías’ en cuanto a mecanismos de participación que ofrece la Constitución Política Nacional ni su traducción en la ley 134 de 1994 , se trata de evaluar los espacios y las condiciones reales para que dichos mecanismos se proyecten sobre la sociedad de una forma eficaz.
Los derechos civiles alcanzados por la sociedad en su conjunto han sido producto una serie de luchas que han dejado como legado la convicción de que todas estas manifestaciones de la naturaleza política humana sólo han sido alcanzables cuando se han roto los esquemas y los mitos sobre los cuales se han fundado las sociedades occidentales: El rompimiento del antiguo régimen francés estuvo enmarcado en lo que se ha denominado las revoluciones occidentales del Siglo XVIII, al igual que la revolución por la independencia de Estados Unidos. Eventos que han legado para la Latinoamérica del Siglo XIX la posibilidad de entender que estas relaciones humanas políticas y socioeconómicas finalmente, pueden tener moldes que ponen al individuo político y al conjunto de la sociedad en una perspectiva de relaciones horizontales de apoyo comunitario.
Archila Neira, Mauricio. Pag 136,137
constitución político de Colombia
No se trata aquí de hacer una apología a los movimientos emancipadores de la Edad Moderna; pero tampoco se puede desconocer la fuerza social y política que ésta trajo consigo. Ese rompimiento con el mito y el horror que generaba las antiguas formas relacionales sólo fue posible en la medida en la que las sociedades entendieron la naturaleza de los derechos civiles y el contexto en el que sus individuos se desenvolvían. Fueron condiciones extremas de necesidad de autodeterminación las que llevaron igualmente a las colonias hispanoamericanas a entender la posibilidad de acción ciudadana que se tenía enfrente. No sólo por la necesidad de romper con el mito se generaron las opciones políticas y civiles de los ‘ciudadanos’ del siglo XIX. La construcción de una nueva sociedad no se podía realizar sin comprender la naturaleza de las bases que componía ese nuevo sistema relacional: El mito político de las relaciones cristianas y el maniqueísmo propio de su concepción de mundo generó entonces una corriente de pensamiento, ligada con la visión de la ciencia, de una modernidad real traducido en la política como Liberalismo y en la sociedad como Estados Laicos.
Del siglo XIX al siglo XX, esta duda radical aflora periódicamente bajo circunstancias distintas. Hacia 1880, se manifiesta en todas partes en la obsesión de la "barbarie", como una manera de designar a poblaciones heteróclitas que impiden construir una nación. En los años 20 de este siglo, se traduce en la obsesión ante las peligrosas masas engendradas por la industrialización. Entre 1940 y 1960, se expresa a través de las afirmaciones acerca de "las clases no totalmente constituidas", que impedirían a la burguesía y a la clase obrera cumplir su "rol histórico". En los años 70, conduce a la derecha a denunciar una "subversión" que amenazaría al poder establecido y a la izquierda, a denunciar una "dependencia" que implicaría estancamiento y desarticulación.
Liévano Aguirre, Indalecio. Pag 33 y 34
A cada uno de estos accesos de duda sigue la misma conclusión: la sociedad no posee por sí misma ninguna capacidad de autorregulación o de auto-organizaci6n. Ninguno de los mitos fundadores de la democracia occidental puede ser invocado: ni la mano invisible en el mercado, ni una sociabilidad inicial, ni una voluntad general. La sociedad se hace presente bajo el aspecto del desorden y de la fragmentación. Por ello, no es sorprendente que en lugar de la idea democrática, surja periódicamente la aspiración a imponer desde arriba, a través del Estado, el orden que le falta a la sociedad. Los reformistas en 1920, los regímenes nacional-populares en 1950-60, los regímenes autoritarios recientes, cada uno a su manera, han manifestado esta ambición.
Si no queremos limitarnos a constataciones negativas, conviene modificar el contenido del concepto de ciudadanía. Ciudadanía política y ciudadanía social son dos nociones que tienen en común destacar la constitución de los sujetos políticos a través del derecho.
“La primera arremetida en el sentido de buscarle adaptación y manipulación ideológica al concepto, provino del libro de Samuel P. Huntington, El orden político en las sociedades cambiantes (New Haven, 1968). Para Huntington, la participación política popular, dejada sola, lleva a la inestabilidad y a la violencia porque estimula aspiraciones y expectativas en el pueblo que no necesariamente se pueden satisfacer por los grupos dominantes. Para que sirva, la participación popular debe ligarse a los procesos decisorios de los gobiernos; es decir, la participación se convierte para él en una política de control gubernamental que explicaría prácticas tales como la acción comunal oficial, el crédito dirigido, la reforma agraria castrada, y poco más. Claro que esta interpretación de la participación es del gusto de los poderes establecidos y de los intereses creados que han empezado a construir sus llamadas "políticas participativas" formalmente mediante disposiciones gubernamentales. Es curioso que dos de los gobiernos que primero contestaron a una encuesta pertinente de las Naciones Unidas sobre este tema fueran Chile y Filipinas, quienes sostuvieron que todas sus políticas sociales eran participativas”.
Pecaut, Daniel y Gordon, Sara. pp. 135-147
Pécaut, Daniel. Pág. 146
Pág. 9
La Constitución Política de Colombia expone a través de su articulado la forma en la que los colombianos tienen garantizado el acceso, el disfrute pleno y las condiciones para una calidad de vida en todos los ámbitos de los seres humanos: Se habla de unas garantías civiles, de una participación política, de unas condiciones idóneas en el ámbito laboral, de una protección plena de los derechos de los niños y los sectores en riesgo y mayoritariamente vulnerables, de las obligaciones del Estado y de los individuos y finalmente de las condiciones medioambientales para el desarrollo de la vida plena Esto parece ser la panacea y el fin último del constitucionalismo colombiano. El siglo XIX plagado del constitucionalismo propio de la época, es resultado de las luchas intestinas en el país que culminan el siglo con el periodo de la Regeneración como un experimento político de purga de la sociedad colombiana. Asimismo, el siglo XX inicia con la castración de una parte del territorio del país, que para la época deja la sensación de una profunda orfandad del Estado y la sociedad se politiza cada vez más.
Al igual que en Latinoamérica la democracia colombiana ha traído en el siglo XX pocas posibilidades de acción social real. La tradición y el sentimiento de director social y corregidor de la moral por parte de los ejércitos latinoamericanos como dueños de la libertad de las naciones hispanoamericanas y como hacedores de su independencia en el siglo XIX, ha expuesto a la sociedad a una legitimación de los regímenes dictatoriales de la segunda mitad del siglo XX en gran parte de los países del hemisferio. Esa politización heredada y esa presencia de la Iglesia Católica de igual forma, han contribuido a que las naciones se pinten en blanco y negro; la emergencia de los matices y las diferencias no han sido concretadas y finalmente los resultados sociopolíticos muestran los quiebres de la naturaleza de los Estados no modernos latinoamericanos. El poder observar una verdadera sociedad laica, donde se garantice el respeto pleno por los derechos humanos, políticos y sociales no ha sido la regla de los países del hemisferio. Con la división internacional del trabajo, estas realidades no están a la orden del día para los latinoamericanos y como contraparte los índices de violación de los derechos humanos, de las pocas garantías para el ejercicio participativo de la ciudadanía, y como caso alarmante, los crímenes de estado junto con una mayor autarquía en el gobierno, una mofa y deslegitimación de la oposición y de las altas cortes que se observa en Colombia, por ejemplo, muestran lo que es hoy el panorama democrático de América Latina y de la posibilidad de participación política. Las transiciones que se han dado con la caída de los regímenes del Cono Sur, de igual forma han contribuido a las nuevas relaciones sociopolíticas, pero las dinámicas sociales y los movimientos del siglo XX no se han hecho esperar y las voces por la dignidad social han dejado algunos frutos.
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Grupo Editorial Norma, 2002. 744 p.
Leal Buitrago, Francisco. , Pág. 74 – 87
“El contexto de crisis económica y social en el que se ha efectuado el cambio de poderes es una evidencia de ello. Además, los ‘regímenes democráticos’ tienen por lo menos la virtud de poner al descubierto las desigualdades, las rigideces y las rupturas que no podían expresarse anteriormente [Dictaduras del Cono Sur]. En algunos meses o años, las nuevas democracias se encontraron confrontadas simultáneamente con las presiones de las capas sociales hasta entonces abandonadas a su suerte, y con las de las capas sociales consolidadas durante los veinte años anteriores. Fueron llevadas a efectuar acuerdos tácitos y precarios con las fuerzas armadas, se vieron expuestas a una disminución prematura de su representatividad y en peligro de aislarse de los movimientos de base; además, se encontraron cercadas por fenómenos de desorganización social. Por ello, la cuestión no es la democratización, término mediante el cual se perpetúa la tradición de descifrar el presente a partir de una versión hipotética del futuro. La cuestión es la existencia de unas democracias condenadas a navegar en medio de compromisos e incertidumbres, y a resignarse a sancionar la distancia infranqueable entre la esfera social y la esfera política. En resumen, el espejismo democrático debe coexistir con regímenes democráticos inestables y fragmentados”.
“Evidentemente, la idea oficialista de democracia que se defiende sin mucho convencimiento en esta forma, no es ni siquiera la clásica del siglo pasado, con la que comulgaban los fundadores de partidos liberales o progresistas latinoamericanos. Ahora hay una doctrina supletoria: la de la seguridad nacional. [Es una referencia a la política del enemigo interno adoptado como contingencia de la Guerra Fría y la división en dos polos mutuamente excluyentes. El mundo encontró el enemigo en el Comunismo Internacional y las naciones americanas, como interés geopolítico de Estados Unidos, localizó el enemigo interno en toda clase de manifestación disidente o reclamo por las necesidades sociales] Se recordara que este esperpento antidemocrático vio la luz en la guerra argelina. Adoptado luego por el Pentágono, recibió pantalones largos en la contrarrevolución brasileira de 1964 y plena aplicación dantesca en Chile y Argentina. Ahora se quiere extender a Colombia y otros países del área para defender su "democracia" y las "instituciones", con ningún otro efecto probable que el que se ha constatado en el Cono Sur.
Pécaut, Daniel y Gordon, Sara. pp. 135-147
“Escribir que la democracia es una idea nueva es sugerir que, por primera vez, los opositores a los regímenes militares toman en serio la lógica democrática. La prueba de ello no sólo es que se adhieran a la noción de un sistema representativo ni que estén dispuestos a admitir que ciertas esferas de la vida social no están sometidas a lo político, sino que reside antes que nada en la revalorización del tema de la sociedad ‘civil’.
De igual forma, persiste la admiración internacional por el sistema democrático colombiano, porque a diferencia de los regímenes abiertamente dictatoriales, este ha llevado a una construcción social donde la moralidad política convierte el bipartidismo en un aborto de la democracia y el clientelismo resultante ofrece las bases de las relaciones políticas y de la administración pública posterior… “Ni la eventual persistencia de regímenes civiles -como en Colombia- ni la realización más o menos regular de elecciones, ni la referencia al tema democrático bastan, sin embargo, para demostrar que la idea democrática haya jamás accedido al estatuto de "esquema generador" de lo político... [No es la ‘cosmovisión política occidental’ lo que impera en las Naciones Latinoamericanas]… Esto no se debe solamente a que las elecciones puedan ser pervertidas por múltiples mecanismos, que van del fraude explicito o de sujeciones clientelares a los procedimientos para privar a la oposición de toda o de una parte de sus derechos: exclusión del peronismo en los años 60 en Argentina, recurso a la "conciliación de las elites" en Brasil, sistema de partido-Estado en México, "Frente Nacional" en Colombia, etcétera. La causa tampoco reside tan solo en la superposición de lealtades o de jerarquías de tipo tradicional y en la adhesión formal a las reglas de la democracia representativa. La precariedad de la idea democrática es más profunda todavía. Remite a la duda recurrente, presente tanto en la derecha como en la izquierda, entre los civiles como entre los militares, respecto de la consistencia propia de la sociedad”.
Fals Borda, Orlando. pp. 615-621
Pécaut, Daniel. Pag. 138
Y el hecho mismo de la construcción de la identidad nacional, en los inicios del Siglo XXI al igual que en sus albores en el siglo XIX, responde a una satanización de la otredad, y la necesidad de mantener los índices hoy por hoy, de popularidad del Presidente Álvaro Uribe, ha hecho que la sociedad experimente un retroceso en su unidad, identificando enemigos tanto internos como externos: La generación de conflictos con los países del vecindario ha permitido que se revivan esas tensiones y muestra que la política exterior de Colombia ha estado más ligada a la cacería que a la diplomacia… “Pensar diferente se vuelve así delito dentro del contexto de la Democracia Ltda. En nuestra región. Ya es peligroso para la seguridad del Estado (y los grupos que representa) no sólo tener ideas radicales, sino simplemente tener ideas. Toda demanda, por ser realmente democrática, se considera subversión y además, una muestra intolerable de inteligencia. Y ser realista equivale ahora a ser radical, lo que va a contrapelo del sistema”.
Y esa relación intrínsecamente definitoria de orden y violencia ha sido estudiada por autores como Daniel Pécaut quien ha definido que la democracia en Colombia ha estado atravesada por la existencia de un orden legitimado desde el Estado y sus dispositivos de control y la negación permanente e histórica de las realidades sociales que en fin último han desencadenado periodos de violencia; característica de la vida de Colombia como República en toda su historia.
Y el periodo que actualmente se agudiza ya había tenido sus antecedentes académicos donde se expone la existencia de unas sociedades fragmentadas que han dejado como resultado composiciones político – sociales cada vez más controvertibles… “Por el lado llamado democrático, en el que han figurado México, Costa Rica, Venezuela y Colombia, se observan hoy síntomas de creciente militarización [caso estudiado para mediados de los años 1980, que en la paradoja de la historia se agudiza en los años 2000] especialmente en Colombia, producidos por la fuerte reacción contra los movimientos populares que justificadamente protestan por la explotación económica, la opresión política y la desigualdad social. En esto no nos dejemos desorientar por la polémica sobre el terrorismo, el secuestro y otros actos punibles, que son de efectos probadamente limitados en el proceso revolucionario; ni tampoco por el abuso interesado del adjetivo "subversivo" que hacen los reaccionarios en el poder” , adjetivo reemplazado desde el 2001 por “terrorista” y que hoy se reproduce en los medios de comunicación generando una identificación en los públicos que se convierte en un peligroso dispositivo de violencia política.
Pecaut, Daniel. Pág. 137
Fals Borda, Orlando. Pág. 617.
“Se han sembrado, pues, graves dudas sobre la llamada democracia colombiana; pero no son necesariamente causadas por los grupos que protestan, los llamados subversivos, sino por los hechos de violencia estatal que se han registrado en Colombia desde enero de 1979, hechos que agudizaron la situación de represión popular que viene apretándose a su vez, como permanente torniquete sobre el país, desde la rebelión del nueve de abril de 1948”. Es allí donde se hace necesario preguntarse por la necesidad de politizar aún más el país en momentos como el actual. Si la historia y el balance que pueda llegar a hacerse sobre el constitucionalismo, la situación de los derechos civiles y humanos, sobre el papel que juegan unos y otros colombianos en la dinámica política nacional no son suficientes, es la violencia, la que ha permitido la superación de estadios humanos, la que supondría una desconexión profunda con esos estadios que quieren superarse y que la participación política en Colombia al no estar garantizada por el Estado, deja a los ciudadanos en la necesidad de manifestarse de formas poco políticas para ser atendidos en sus requerimientos.
Parece ser que ésta tampoco ha sido la salida al profundo caos político y de abandono social que existe en Colombia y que las posibilidades de violencia social va de la mano con la actual crisis institucional: “La violencia constituye en el momento actual una situación generalizada. Todos los fenómenos se relacionan entre sí. Podemos suponer, como es nuestro caso, que la violencia puesta en marcha por los diversos actores organizados, constituye el marco dentro del cual se desarrolla la violencia desorganizada. Pero esto no nos puede llevar a ignorar que la violencia desorganizada contribuye a agrandar el campo de la violencia organizada. Una y otra se refuerzan mutuamente. Más aun, habría que ser muy presuntuoso para pretender trazar límites claros entre la violencia política y aquella que no lo es. Cuando los narcotraficantes atacan al Estado o cuando lo corrompen, se convierten en actores políticos. Cuando las guerrillas protegen los cultivos de amapola y los laboratorios de heroína, ellas no son solo un actor político. La ambigüedad existe aun cuando los colonos de las regiones de cultivo de coca se matan entre ellos por asuntos de negocios o por cuestiones de honor. Aparentemente, esto no tiene nada que ver con la política, pero siempre se puede encontrar una dimensión política a estos hechos, porque esta situación no se produciría si el Estado asumiera sus responsabilidades”.
Fals Borda, Orlando. Pág. 629.
Fals Borda, Orlando. Pág. 616
Y las responsabilidades del Estado colombiano, en la búsqueda de una verdadera definición de la democracia nacional correría de la mano del reconocimiento de la existencia de un verdadero conflicto, de la dimensión política de sus actores, de entender la urgencia de las reclamaciones internacionales y de la importancia de que la destinación de los recursos nacionales se redirijan y adquieren una verdadera naturaleza social. La participación política de los ciudadanos colombianos no puede quedarse exclusivamente en el derecho al voto, sino la garantía de una verdadera democracia donde éste principio esté libre de constreñimientos, inicialmente. Pero, la politización cada vez más profunda de la sociedad colombiana permite ver que el tema de la participación política no está garantizado ya no sólo por las condiciones socioculturales y socioeconómicas, sino por la maniquea politización a que se enfrenta el país a inicios del siglo XX donde la única forma que se ha visto de acción política real ha sido la deslegitimación de los órdenes democráticos ya no sólo en sus electores primarios sino en los organismos encargados de hacer control político al Estado: Las altas cortes.
Pecaut, Daniel y González, Liliana. Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia. En: Desarrollo Económico, Vol. 36, No. 144 (Jan. - Mar., 1997), pp. 891-930 Publicado por: Instituto de Desarrollo Económico y Social. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3467131. Recuperado: 18/07/2009 09:36
BIBLIOGRAFÍA
Tales condiciones serían la garantía de los derechos civiles básicos y los llamados de segunda y tercera generación. En: Kymlicka, Will y Norman, Wayne. El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía, La ortodoxia de Posguerra, Págs. 6 y 7. En: La Política, Revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, Paidós, Barcelona, Octubre, 1997.
2 Blanco, Carlos Javier. Ensayo sobre el terror. A parte Rei. Revista de Filosofía. No. 36. 17 páginas. Disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/cmunoz11/index.html, Actualizado: 21/07/09. 12:03 Allí se puede establecer el horror como concepto político, sociológico y filosófico en donde se ofrece un recorrido histórico acerca de los quiebres ideológicos que el ser humano presenta ante temas definitorios de su condición tales como la religión, el Estado, la Política como forma de Participación. Ese horror de la ciudadanía sería aquel sentimiento político de la sociedad en su conjunto cuando se establece que las garantías del desarrollo político humano se violan a través de los Poderes Políticos (cuando no hay justicia, cuando el ejecutivo interviene en las otras esferas de poder, cuando el legislativo está permeado por la delincuencia organizada) los medios de comunicación y los dispositivos de control como la Policía y el Ejército.
3 La América Latina y el mundo en general donde ha llegado la fuerza del colonialismo europeo moderno y contemporáneo, ha operado con los códigos y lenguajes de las culturales dominantes. Por lo tanto, es posible entender que esta parte del mundo ha construido sus relaciones humanas, políticas, económicas y demás, desde los modelos que desde Europa han hecho traducción de las realidades latinoamericanas. Para un ejemplo temprano de estas relaciones ver: Nieto Olarte, Mauricio. Remedios para el imperio: Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo. 2ª. ed. Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, CESO. Ediciones Uniandes, 2006. 248 p.
4 En los Manuales de Historia de Colombia, editados por la Academia Colombiana de Historia y en los Anuarios de Historia Social y de la Cultura, editados por la Universidad Nacional de Colombia, se puede observar en cualquiera de sus volúmenes, la teorización de las influencias del mundo occidental en la construcción del pensamiento político, económico y cultural de Colombia. Allí los textos giran en torno a temas específicos donde se puede ver la traducción de las realidades propias en los códigos y lenguajes extranjeros.
5 Diamond, Larry. Reflexión sobre la sociedad civil. Hacia la consolidación Democrática. Pág. 5,6 y 7. Tomado del Artículo publicado en el Journal of Democracy Vol. 5, No. 3, Julio de 1994. Traducido por: Fabienne Warrington. Nota del Editor. Sociedad Civil es aquella sociedad organizada políticamente para la creación de su propia agenda de acción social y como generadores de sus propias soluciones ante los conflictos que los aquejan en su conjunto.
6 No es necesario establecer una aproximación bibliográfica para entender esta realidad latinoamericana. Si necesitásemos de esto podríamos analizar la información que ofrece Latinobarómetro, como ejemplo, que “es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos. Disponible en: http://www.latinobarometro.org/ Actualizado: 20/07/09. 01:56.
7 Bushnell, David. Colombia una nación a pesar de sí misma: De los tiempos precolombinos a nuestros días. Segunda Parte. Traducción Claudia Montilla V. Planeta Editores. La línea del horizonte. Santa Fe de Bogotá, 1996. 434 p., y Safford, Frank y Palacios, Marco. Colombia: País fragmentado, sociedad dividida, su historia. Segunda Parte. Siglo XIX y XX. Traducción de Ángela García. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002. 744 p. Estos dos textos en su conjunto y en sus segundas partes, ofrecen panorama significativo de la Historia de Colombia en este periodo de consolidaciones nacionales.
8 Archila Neira, Mauricio. Cultura e Identidad Obrera. Bogotá, 1994.
9 Ley 134 de 1994. Por medio de la cual se reglamentan los mecanismos de participación ciudadana, tales como el Voto, el Plebiscito, el Referendo aprobatorio, derogatorio y constitucional, la Consulta Popular y de los mecanismos a través de los cuales tales derechos pueden llevarse a cabo junto con las condiciones de carácter legal, económico y político.
10 Liévano Aguirre, Indalecio. Bolivarismo y Monroísmo. Es un pequeño texto en el que se hace una reflexión de las revoluciones occidentales de finales del siglo XVIII y del Siglo XIX que se han sido denominadas por la historiografía como ‘revoluciones del atlántico norte’;
11 Pecaut, Daniel y Gordon, Sara. La cuestión de la democracia. En: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 51, No. 3 (Jul. - Sep., 1989), pp. 135-147 Publicado por: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3540749 Recuperado: 18/07/2009 10:08
12 Pécaut, Daniel. Op. Cit. Pág. 146.
13 Pág. 9
14 Para una compresión mayor acerca del tema ver Constitución Política de Colombia en sus primeros artículos. Es una declaración de Principios. De igual manera, relacionar los derechos de Primera Generación; aquellos que garantizan las condiciones básicas del ser humano, los de Segunda Generación que están relacionados con las condiciones sociolaborales, de recreación y deporte, vivienda, educación y de la protección a la familia y los de Tercera Generación que involucran aquellos en los que el disfrute de los espacios medioambientales son garantizados por los Estados modernos. Se llaman de Primera, Segunda y Tercera Generación por el tiempo de su aparición histórica cuya concepción se debe al checo Karel Vasak. No tienen que ver con su mayor o menor importancia porque en su conjunto garantizan la dignidad del hombre.
15 Para un visión profunda y a la vez descriptiva de la Historia Política, económica y social de este periodo ver: Safford, Frank y Palacios, Marco. Colombia: País fragmentado, sociedad dividida, su historia. Segunda Parte. Siglo XIX y XX. Traducción de Ángela García. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002. 744 p.
16Leal Buitrago, Francisco. La Doctrina de Seguridad Nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur. En: Revista de Estudios Sociales. No. 15, Pág. 74 – 87, Uniandes, junio de 2003, Bogotá.
17 Pécaut, Daniel y Gordon, Sara. La cuestión de la democracia. En: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 51, No. 3 (Jul. - Sep., 1989), pp. 135-147. Publicado por: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3540749 Recuperado: 13/07/2009 10:08
18 Fals Borda, Orlando. Reflexiones sobre la democracia Ltda. en América Latina Orlando. En: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 43, No. 2 (Apr. - Jun., 1981), pp. 615-621 Publicado por: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3539916 Recuperado: 14/07/2009 13:06.
19 Pécaut, Daniel. Op. Cit. P. 138
20 Pecaut, Daniel. Op. Cit. Pág. 137.
21 Fals Borda, Orlando. Op. Cit. Pág. 617.
22Fals Borda, Orlando. Op. Cit. Pág. 629.
23 Fals Borda, Orlando. Op. Cit. Pág. 616.
24 Pecaut, Daniel y González, Liliana. Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia. En: Desarrollo Económico, Vol. 36, No. 144 (Jan. - Mar., 1997), pp. 891-930 Publicado por: Instituto de Desarrollo Económico y Social. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3467131. Recuperado: 18/07/2009 09:36
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