“Ya lo ves, señor Nicetas -dijo Baudolino-, cuando no era presa de las tentaciones de este mundo, dedicaba mis noches a imaginar otros mundos. Un poco con la ayuda del vino, y un poco con la de la miel verde. No hay nada menor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos. Por lo menos, así pensaba yo entonces. Todavía no había entendido que, imaginando otros mundos, se acaba por cambiar también éste”.
I. Humberto Eco
Más que entrar en una discusión acerca de cada una de las políticas y medidas adoptadas por uno y otro gobierno, reflexión que podría resultar un tanto particular, me propongo sustentar una tesis general. Quiero mostrar que, mientras no exista una política de Estado, es muy difícil, si no imposible, que un Gobierno pueda darle solución al conflicto armado, que a convergido en un malestar social, cultural y económico. Haciéndose aun más agudo el dilema conflictivo. Este articulo, así enunciado, no dice nada nuevo. Está envuelto en los reclamos que distintos sectores de la sociedad colombiana vienen expresando desde hace algunos sino muchos años en demanda de una verdadera política de Estado ante el conflicto. A mi juicio, en Colombia resulta hoy muy difícil, si no imposible, poner en práctica una política de Estado ante el conflicto, no necesariamente por falta de voluntad o incapacidad de los gobiernos, sino sobre todo debido a la estructura y reglas de funcionamiento de la democracia colombiana.
Los errores y ambigüedades de los gobiernos aparecen como obstáculos menores si se los compara con las limitaciones estructurales que presentan el régimen y el sistema político nacional para darle solución al conflicto. Es posible que muchas de las equivocaciones e inconsecuencias de cada Gobierno en este punto hayan sido, en buena medida, producto inevitable de las condiciones estructurales y funcionales del Estado. En este caso, los gobiernos de Pastrana y Uribe serían apenas dos casos que confirman la norma general.
“Las estrategias del Estado colombiano frente al conflicto son, como se sabe, meras políticas de gobierno: planes de corto plazo, improvisados y con frecuencia cambiantes en el lapso de un mismo gobierno, políticas que no comprometen seriamente a todo el Estado, o, más aún, que dan lugar con frecuencia a divisiones y conspiraciones internas entre distintos sectores del poder, con el estímulo de la difusa opinión pública y de diversas franjas de la sociedad. Y estas características son intrínsecas a la democracia colombiana. La precariedad de las políticas gubernamentales no sería tan crítica si no se viera, además, confrontada con la notable coherencia y duración de las estrategias insurgentes, en particular de las FARC, así como con la férrea unidad de esta guerrilla en su ejecución” (Ferro,2002:).
Para decirlo en términos más académicos, entre el Estado colombiano y los insurgentes existe, en cuanto a los procesos de elaboración y ejecución de sus políticas, una “asimetría estratégica” favorable a los insurgentes. Si, además, las organizaciones ilegales, y en particular las FARC, poseen otros factores, como una sólida cohesión interna, expansión considerable, recursos financieros y armamento abundante, etc. podríamos decir que, al menos en el largo plazo, las organizaciones insurgentes poseen una ventaja estratégica global sobre el estado colombiano.
En estas condiciones, ninguna iniciativa gubernamental, ni de diálogo, ni de presión militar con miras a una negociación o posiblemente a un exterminio, ni de guerra total, tiene probabilidades de éxito. Y aunque el Estado colombiano ha mantenido hasta ahora una singular estabilidad en medio de un conflicto tan severo y prolongado, la irregularidad estratégica de las políticas lo ha ido desgastando a través de sucesivos intentos, contradictorios y fallidos, de negociación.
Y no simplemente las guerrillas están envueltas en este aprieto, sino que también han nacido desde los años [80], nuevos brotes de violencia como lo son el narcotráfico, paramilitarismo, la delincuencia común organizada y las mismas Instituciones del Estado Nacional- entes de control del mismo- agudizando por completo el panorama colombiano y el control social para el Estado.
Entonces cómo y qué tipo de acción, pensamiento o mecanismos debe optar la sociedad colombiana para desarrollarse como ciudadanía y que la ponga frente a su realidad sociopolítica que no le genera posibilidad alguna de calidad de vida y que la obliga a construir una ciudadanía civilizada para que pueda ejecutar campos de acción que le permita reconocer y superar los conflictos, si las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales no están dadas en su contexto?
Estos aspectos intrínsecos en la sociedad colombiana son tajantemente marcados por la incapacidad de acción, apatía y costumbre de sus ciudadanos a convivir con ella. La cita de Pecaut resulta bastante ilustrativa. “La particular constitución democrática en Colombia ha sido el escenario para formar ciudadanos que prefieren desconocer ciertos aspectos de nuestra historia, para conformar una “sociedad pacífica”, sin referentes sobre la realidad inmediata y pasada. La constitución democrática en Colombia se ha caracterizado por: su conservatismo y su provincianismo, su fuerte arraigo religioso y su escaso contacto con el exterior. (…) Además presentaba el extraño rasgo de combinar una presencia muy fuerte de la violencia en las relaciones sociales con el mantenimiento de una institucionalidad democrática; y los movimientos populistas no habían sido nunca alternativas reales de poder, como había ocurrido en muchos otros países de la región” (Pecaut, 2003: 89).
El siglo XX es la herencia entonces de todas estas contradicciones políticas. Por el bipartidismo, dogmatismo y polarización presente de la época. Excluyendo cualquier diferencia razonable, sexual, cosmológica de ver el mundo. Es tal el caso, del exterminio total de la U.P. (Unión Patriótica), movimientos obreros, sindicalistas, campesinos y juveniles. También asociaciones sindicales, campesinas y hombres destacados que ofrendaron sus vidas visionando un futuro más esperanzador para nuestro territorio; entre ellos Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Jaramillo, Pardo Leal. Todos ellos fueron violentamente cohesionados por manos criminales, reaccionarias emergentes, ayudados económicamente y militarmente por la C.I.A. incluyendo el narcotráfico y sectores del Estado- [Crímenes de Estado]. Notoriamente violando el acuerdo internacional Humanitario a toda costa. Es evidente que se yuxtapone en manifiesto una realidad política maniquea desconociendo por completo las nuevas opciones y posibilidades nacientes en el ambiente nacional. Esto generó un sinnúmero de asesinatos y violencia en diferentes regiones del país. Por aquella época el poder coercitivo de las armas silencio muchas voces de protesta inconformes por la crisis que se atravesaba en aquel entonces.se les redujo a la más mínima expresión. En palabras del filosofo Estanislao Zuleta “ es preciso, por el contrario , construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo , reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo” (Zuleta,1994:72)
Estos últimos 60 años se han consolidado como los encuentros más sangrientos que se hayan vivido antes. El Antropólogo Gonzalo Sánchez lo puntualiza , “la línea establecida desde las gestas de independencia hasta nuestros días, o el descarte de la continuidad entre las guerras civiles del siglo XIX y la violencia desatada de manera aguda a partir de la tercera década del siglo XX, que no parece reconocer fracturas, particularidades radicales, ni superposiciones temporales del conflicto en la memoria de los colombianos, ha impedido el desarrollo, más que de un relato conjunto, de la construcción de escenarios en los cuales los viejos adversarios puedan hablar de sus contrapuestas visiones del pasado, construir un espacio público en el cual debatir abiertamente sobre los diferenciados proyectos de nación, dirimibles ahora a través de prácticas democráticas socialmente aceptadas” (Sánchez, 2003a: 21).
Las prácticas democráticas enunciadas por Sánchez reclaman la formación de un tipo de sujeto acorde con los propósitos citados. Este tipo de sujeto es el mismo ciudadano. Ya que es el mismo pueblo que puede salvar al mismo pueblo. Pero la formación de este ciudadano, en el caso colombiano, presenta serias dificultades, entre ellas, quizá la principal, la ausencia de interpretación y la superación de los acontecimientos con base en la construcción de memoria y razonamiento o pensamiento, posiblemente se refleja una amnesia severa por el terror sembrado a lo lardo de las últimas seis décadas de la cultura nacional.
Al respecto, Daniel Pecaut ofrece notas interesantes sobre el tema: “En esas condiciones [de no correspondencia entre las vivencias y lo que se escribe sobre ellas] la experiencia de la violencia llega a ser en muchos aspectos mucho más destructiva que la experiencia de la violencia anterior, porque se hace más difícil relacionar la propia experiencia personal de la violencia con una historia global, es decir, con los acontecimientos que se están dando a nivel de la historia nacional. (…) se produce entonces una crisis –por decirlo así– de lo que podría llamarse un sentimiento de ciudadanía, que supone una capacidad para interpretar y para entender la historia y los acontecimientos que se están dando sobre nivel de la historia global. De esta manera, el desfase de los acontecimientos que vive la gente en un lugar y las evoluciones y los cambios que se dan a nivel nacional, es tan grande que en muchos casos la gente no le presta atención a los hechos nacionales. (…) mucha gente está convencida –y a veces los mismos investigadores– de que Colombia ha tenido siempre una historia de violencia. De esta manera, lo que está ocurriendo ahora sería lo mismo de hace cuarenta años, lo mismo de los años treinta, lo mismo de la Guerra de los Mil Días, lo mismo del siglo XIX. Éste es el gran mito colombiano. (…) Este mito me parece profundamente opuesto a la idea de construcción de una ciudadanía democrática. No habrá construcción de una ciudadanía democrática en este país mientras tanta gente esté convencida de que en el fondo de los acontecimientos colombianos sólo existe el principio de una violencia repetitiva” (Pecaut, 2003: 89).
Y es que el terror intrínseco que impone las armas, el silencio que ellas transmiten y el absoluto temor y zozobra en la sociedad desquebraja al más valiente de los individuos. El miedo a morir o perder a un ser amado nos quebranta lo más profundo del alma. Esta es tan siguiera una de las acciones visibles que se denotan en el conflicto vivido en Colombia. La experiencia del terror de la guerra conlleva diferentes traumas mentales. Es allí cuando la indiferencia, el olvido histórico se vuelven el común denominador. Yo creería que olvidar es un gravísimo error, ya que el olvido, nos direcciona a la pérdida de identidad y de memoria, sin ella no sabremos quienes somos en realidad para reconocer los conflictos y superarlos. Pero para estos conflictos sociales no existe un esquema explicativo al cual la sociedad tenga que acoplarse, la sociedad se construye contingentemente y por lo tanto los esquemas o parámetros bajo los cuales es posible explicarla no se han construido definitivamente; no se construyeron de una vez y para siempre sino que se construyen permanentemente.
“El protagonismo de la sociedad civil evidencia la reformulación de la tesis que reduce la violencia a un problema de debilidad del Estado. Sin embargo, hay que observar que existe una relación dinámica entre la debilidad estatal y la debilidad de la sociedad civil: En efecto, podría invertirse el razonamiento y argumentarse más bien que la violencia en Colombia se halla relacionada igualmente con la debilidad de la sociedad civil, históricamente atravesada en el plano político por el bipartidismo, por una visión sectaria de las diferencias políticas, sociales y culturales” (Sánchez, 2003b: 36).
Podemos deducir entonces el interés poco manifiesto de una verdadera participación ciudadana en las acciones políticas de los colombianos. Ese horror de lo público por parte de los ciudadanos y del ejercicio pleno de los derechos participativos, puede derivarse igualmente de la experiencia que en términos de participación política los colombianos han sufrido. No se trata de entender las ‘garantías’ en cuanto a mecanismos de participación que ofrece la Constitución Política Nacional ni su traducción en la ley 134 de 1994 , se trata de evaluar los espacios y las condiciones reales para que dichos mecanismos se proyecten sobre la sociedad de una forma eficaz.
Los derechos civiles alcanzados por la sociedad en su conjunto han sido producto una serie de luchas que han dejado como legado la convicción de que todas estas manifestaciones de la naturaleza política humana sólo han sido alcanzables cuando se han roto los esquemas y los mitos sobre los cuales se han fundado las sociedades occidentales: El rompimiento del antiguo régimen francés estuvo enmarcado en lo que se ha denominado las revoluciones occidentales del Siglo XVIII, al igual que la revolución por la independencia de Estados Unidos. Eventos que han legado para Latinoamérica del Siglo XIX la posibilidad de entender que estas relaciones humanas políticas y socioeconómicas finalmente, pueden tener moldes que ponen al individuo político y al conjunto de la sociedad en una perspectiva de relaciones horizontales de apoyo comunitario. Aun así para nuestra realidad los cambios anhelados no se han materializados significativamente; los mecanismos no fructifican como se espera debido a la escasa participación de la ciudadanía y al terror sembrado por causa de la fragmentación social y propiamente a las grandes diferencias existentes entre ellas.
A esto se refiere Daniel Pecaut “El contexto de crisis económica y social en el que se ha efectuado el cambio de poderes es una evidencia de ello. Además, los ‘regímenes democráticos’ tienen por lo menos la virtud de poner al descubierto las desigualdades, las rigideces y las rupturas que no podían expresarse anteriormente [Dictaduras del Cono Sur]. En algunos meses o años, las nuevas democracias se encontraron confrontadas simultáneamente con las presiones de las capas sociales hasta entonces abandonadas a su suerte, y con las de las capas sociales consolidadas durante los veinte años anteriores. Fueron llevadas a efectuar acuerdos tácitos y precarios con las fuerzas armadas, se vieron expuestas a una disminución prematura de su representatividad y en peligro de aislarse de los movimientos de base; además, se encontraron cercadas por fenómenos de desorganización social. Por ello, la cuestión no es la democratización, término mediante el cual se perpetúa la tradición de descifrar el presente a partir de una versión hipotética del futuro. La cuestión es la existencia de unas democracias condenadas a navegar en medio de compromisos e incertidumbres, y a resignarse a sancionar la distancia infranqueable entre la esfera social y la esfera política. En resumen, el espejismo democrático debe coexistir con regímenes democráticos inestables y fragmentados” (Pecaut, 1989:135,147).
Es aquí donde la participación política a pesar de estar garantizada con la Constitución de 1991, responde a una serie de mecanismos para los cuales el pueblo llano no está preparado porque no encuentran las herramientas económicas, políticas y culturales necesarias para llevarlas a feliz término. Para ello se hace necesario continuar proponiendo nuevas mecanismos con el objetivo de contribuir a desaceleración de dicho proceso beligerante. No hay que parar sino sentarnos a re-pensar, a reconstruir memoria e identidad progresista y posibles dispositivos que converjan a las soluciones y salidas del mismo. Ya son muchos los años que llevamos sumergidos notoriamente en esta crisis que se agudiza más y más generando rotundamente en nuevos casos de violencia desde el interior de las bases sociales. Es tanto así que el núcleo familiar se resquebraja más a menudo de antemano la crisis económico se hace más notoria. Así que hablar de democracia en un país como Colombia es relativamente compleja, ya que las condiciones y derechos básicos del ciudadano no se hayan garantizadas para un disfrute pleno de vida civilizada. Está muy claro que sin respeto a la diferencia y distintas manifestaciones legales hacia el inconformismo nacional, no habrá respeto por la vida de quienes se manifiesten. Ni poder manifestar que estamos en un Estado de Derecho, lo que sí, se diría claramente es que estamos en una democracia de papel.
Ahora bien, es evidente que nos hablan de una nueva democracia nacional, según sus defensores entre ellos Uribe Vélez (el mesías para algunos retrogradas)- [La Seguridad Democrática]. Esta doctrina discursiva a originado un espejismo fatuo de calidad y disfrute de vida, cuando por el contraría en su fondo, no es más que una falacia descriptiva de violencia a manos de la Institución Armada del Estado [Fuerzas Armadas] a tal punto de asesinar a jóvenes inocentes, supuestamente insurgentes y más aun terroristas conspiradores contra la nación, para mostrar ante los medios la diezmada insurrección de las guerrillas y los focos de delincuencia. Cobrando de antemano recompensas injustas a costa de asesinar al indefenso humilde; y es que parece que en vivir en Colombia siendo pobre, es un delito sin precedentes. Y si este suceso fuera poco, la inefable diplomacia colombiana. Para colmo de los conflictos con los países vecinos ha permitido que se revivan más tensiones mostrando que la política exterior está más ligada a la cacería que a la diplomacia. La denotación aquí es [Prohibido Pensar Diferente]. Es así que se demuestra como se consigue la “paz”.
Pero la paz debe tener un sentido más restringido, como interrupción del conflicto armado, abandono de las armas por parte de las organizaciones al margen de la ley e instauración del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Pero, desde luego, para consolidar este tipo de paz en Colombia o incluso para hacerla posible, es indispensable que los gobiernos inicien o profundicen serias reformas económicas, sociales y políticas y, en particular, una amplia reforma agraria. De antemano debo advertir que la ausencia de reformas similares es, a mi juicio, la más seria crítica que se le puede formular a las políticas al Gobierno en cuestión, Uribe, y, más en general, a todos los gobiernos colombianos de las últimas décadas. Sería necesario, así mismo, adelantar una transformación de las costumbres políticas, pero esta tarea no compete solamente a los gobiernos; corresponde sobre todo a los partidos y al Congreso, que hasta ahora han bloqueado el cambio, ya no de las costumbres sino incluso de las meras normas que regulan la actividad política. Mientras serias reformas de este tipo no se lleven a cabo, bien sea como fruto de negociaciones o al margen de ellas, es muy probable no se pueda llegar en Colombia a unos acuerdos de desmovilización, desarme con las guerrillas y los sectores dogmaticos de la Extrema Izquierda y Derecha.
Estos son uno de los diferentes aportes realizados con el fin de socializar una nueva visión de mundo civilizado y ciudadano. También la desmantelamiento de la burocracia y corrupción en las instituciones estatales y quienes a los largo de más de 150 años las han dirigido. Con esto no estoy diciendo plenamente que se pueda eliminar todos los conflictos de la sociedad pero si es dar un paso preponderante en este suceso nacional. Y no se trata como tal eliminar, sino reconocerlos para luego superar un conflicto que ha durado más de 60 años [el armado].
Como segundo aporte, y para mí el más significativo, se debe al hecho de que todo individuo se atreva a pensar y hacer parte activa de socialización real , es decir en primera instancia reconocer el conflicto vivido individual y colectivamente en su territorio. Asumiendo una postura de riesgo, aventura y dificultad que ello implique pero ante todo esperando una madurez aprendida frente al hecho social al cual se enfrenta. Esto lo digo porque Colombia no ha madurado socialmente, ni culturalmente ante este flagelo; como diría Estanislao Zuleta “si alguien me objetara que el reconocimiento propio de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” (Zuleta, 1994:73,74).
Este enunciado y mi juicio van explícitamente al hecho que más le cuesta al ser humano [pensar], no por la incapacidad cognitiva sino por la acción voluntad que este implica. Entonces [Pensar] o razonar, es una fuerza creadora en la medida que este impone y exige la producción de nuevas formas de pensamiento que permitan elaborar la realidad de otros modos. Esto nos permite re-pensar alternativas categóricas de identidad y claves en las discusiones contemporáneas del conflicto. Stuart Hall sostiene por ejemplo que “En lugar de pensar en identidad como un hecho ya consumado, al que las nuevas prácticas culturales representan, deberíamos pensar en identidad como una “producción” que nunca está completa… las identidades son los nombres que les damos a las diferentes formas en las que estamos posicionados, y dentro de las que nosotros mismos nos posicionarnos, a través de las narrativas del pasado” (Hall Stuart, 1999:134).
Es decir que la identidad es cambiante, progresista y dinámica dentro de su contexto, es fuerza creadora de pensamiento, de crítica y razón frente a fenómenos irregulares de los ciudadanos. “El pensamiento tiene vocación de lucha, de combate; debe oponerse, guardar distancia con sí mismo y con los demás. El pensamiento tiene dos tendencias: por un lado, romper con un sistema que generaba sus evidencias y otorgaba seguridad; y, por otro lado, tratar de construir una nueva coherencia, una normatividad más elástica y comprensiva. Estas tendencias de desidentificación e identificación se complementan. Una actitud de ruptura incapaz de construir algo nuevo o una tendencia opuesta a la sistematización vuelven al pensamiento unilateralmente libertario o unilateralmente sistemático” (Zuleta 1935-1990:47).
Aquí solo puede hablarse de libertad de pensamiento en tanto pensamiento crítico, pero por ser crítico no deja de ser vital, ahí está la paradoja que no es necesario resolver, es más, la paradoja que es estrictamente necesaria: el pensamiento crítico es un pensamiento que afirma la vida- crear es vida. Por consiguiente la vida quiere decir dejar de pensar en términos dicotómicos para pensar a los hombres y a la sociedad como parte de la misma totalidad histórica. Es una manera de proceder dinámicamente las dificultades que implica re-pensar el conflicto veraz que atraviesa no simplemente nuestra nación sino toda América Latina.
Aun así cabe resaltar que soy un poco pesimista, pues entiendo que estos procesos van hacer cada vez más lentos debido a las pocas garantías que ofrece este, un mundo globalizado y capitalista. Y porque cada colombiano al nacer, nace ya con una deuda externa a cuestas. Haciéndose más evidente la desigualdad social que existe entre los demás, muestra de un ser heterónomo. Es claro anotar que mientras estamos en el momento histórico más tecnológico, el mundo entero no se ve desarrollado en sus relaciones humanas. Por lo tanto esto es más que una simple teoría para la paz, basta ya de revoluciones, que impere la evolución de ideas y pensamiento, esto es capacidad de fuerza creadora, es un campo de acción y ese arriba al hecho único de pensar y aceptar el pensamiento de todo individuo que se atreva, aquí no hay restricción alguna para quien lo quiera desarrollar. Así que no se si sentarme a esperar como Don Quijote, tristemente derrotado y sin armadura a cuidar ovejas y morir de vejes o morir intentando con fortaleza de mi alma a sentir y a tener una Patria. Porque como diría Fernando Vallejo tuvimos el infortunio de nacer en el país más loco del mundo.
Bibliografía
Un buen estudio – el único en su género - sobre la elaboración de estrategias, desarrollos organizacionales y construcción de las ideas políticas de las FARC es el libro de Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón, El Orden de la Guerra, Las FARC-EP: entre la Organización y la Política, Centro Editorial Javeriano, CEJA, Bogotá, 2002
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Zuleta, Estanislao 1994. Sobre la guerra. En: Elogio de la Dificultad y Otros Ensayos. Edición a cargo Alberto Valencia. Fundación Estanislao Zuleta. P.p 73,74. Cali – Colombia
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